Es un traductor jurado acreditado por el Ministerio de Justicia de Rumanía. Está habilitado para realizar servicios de traducción e interpretación para el Consejo Superior de la Magistratura, Ministerio de Justicia, Tribunal de Instrucción del Tribunal Supremo de Casación y Justicia, Dirección Nacional de Anti-corrupción, juzgados de instrucción, audiencias y juzgados, notarías, despachos de abogados y ejecutores de sentencias. Conforme con lo que está escrito en dicha autorización o licencia.
En pocas palabras, es una traducción realizada, firmada y sellada por un traductor “autorizado”. Cuando se trata de documentos oficiales (como títulos, documentos de estudios, documentos civiles, escrituras notariales etc.) para que la traducción tenga calidad de oficial es necesaria la legalización de la traducción. En la práctica, esto significa la legalización de la firma del traductor por un notario (rumano o español) o por el Consulado de Rumania en España.
La legalización de la firma del traductor certifica su sello y rubrica, pero no implica la certificación del contenido de la traducción ni la comprobación de la corrección, que son responsabilidad del traductor.
Un traductor jurado es un traductor acreditado por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Está habilitado para poder realizar traducciones de documentos oficiales.
Una traducción jurada es una traducción realizada, sellada y firmada por un traductor jurado. Cuando se trata de documentos oficiales, para que la traducción tenga calidad de documento oficial no es necesario obtener otro tipo legalización. La firma y rubrica del traductor jurado confieren validez legal a la traducción.
Cuando la traducción tiene que tener efectos fuera de España, la firma y rubrica del traductor jurado se legalizará por este mismo ministerio, en el departamento Legalizaciones.
Sí y no.
Sí, porque la traducción la realiza un traductor acreditado por la autoridad competente en cada país: Ministerio de Justicia de Rumanía y, respectivamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.
No, porque un traductor “autorizado” no tiene los mismos derechos de firma que un traductor jurado, dada la legislación nacional de cada país. La firma de un traductor “autorizado” tiene que legalizarse por un notario mientras que la firma de un traductor jurado no precisa otra legalización. Se puede decir que la traducción jurada está exenta de legalización, a tenor de artículo 6 del "Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación”.
En ambos casos, la traducción está acompañada por una copia del documento original que se ha traducido, visado por el mismo traductor (con fecha y sello).
Habitualmente, lo que está pasando es que en Rumanía se suelen aceptar solamente traducciones firmadas por traductores “autorizados” con su debida legalización notarial o consular, mientras en España son aceptadas solo las traduciones juradas.
Por eso, como es natural, en España es aconsejable tener traducciones juradas realizadas directamente por un traductor jurado nombrado por las autoridades españolas. Esto es válido también por razones de costes: una traducción hecha en Rumanía con su legalización notarial más apostilla implicará a lo mejor los mismos costes en dinero, pero muchos más caminos de por medio.